Sin ser petrista, voto Petro, en defensa del constitucionalismo

Aunque nunca me he sentido representado por el proyecto político de Petro, considero que es el único de los candidatos de segunda vuelta que logrará ser presidente limitado por las otras ramas del poder, lo cual permitirá un ejercicio adecuado de las potestades presidenciales, aspecto por el cual votaré por él en segunda vuelta

A través de esta columna, me permito presentar algunos argumentos desde el punto de vista del constitucionalismo para defender mi voto en segunda vuelta por Gustavo Petro. Como hay muchas otras razones de peso para tomar tal decisión como lo son la paz, en esta ocasión ahondaré más en la necesidad de garantizar los límites al poder como forma de asegurar un ejercicio no desmedido de las funciones propias del Presidente sin desconocer, como ya dije, que hay argumentos más fuertes para tomar tal decisión.

La materialización de los derechos de los colombianos se encuentra supeditada a aspectos tales como los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder político en el marco de las ramas del poder público en Colombia, aspecto que impide un ejercicio desmedido de tales funciones. En un sentido opuesto, un poder sbsoluto solo permite recordar el ancien régime previo a la revolución francesa, dentro del cual el gobernante dirigía a los súbditos sin límites, encarcelándolos en la Bastilla cuando se oponían a su forma de gobernar.

El límite al poder político ha sido instituido como una de las grandes victorias del constitucionalismo en el mundo occidental. Procesos históricos como los del derecho anglosajón y la consolidación del parlamento como institución de representación popular que le arrebató la concentración del poder absoluto al monarca o como los del derecho francés y la lucha de la ciudadanía por una representación popular o como los del derecho estadounidense y la disputa por la forma de liderar lo que inicialmente era una confederación, han consolidado las ramas del poder como una forma de evitar que los cargos de dirección de los países se presten para un uso desmedido de tales facultades, en desmedro de los administrados.

A lo anterior se suma a la consolidación del Estado Social de Derecho, como parte de un consenso entre la importancia del respeto a la ley como forma de legitimar el actuar del Estado, pero también ante la necesidad de que ese respeto se supedite a la garantía efectiva de los derechos de las personas que conforman un país. Lo anterior, basado en el fracaso del positivismo normativo que, en la Segunda Guerra Mundial, legitimó el genocidio de más de siete millones de judíos.

Desde el punto de vista orgánico, en el caso colombiano el artículo 113 de la Constitución Política reconoce un poder público en Colombia distribuido en tres ramas -ejecutiva, legislativa y judicial-. Así pues, se busca que el poder ejecutivo desarrolle la función administrativa -entre otras-, el legislativo la función de expedición de leyes y la judicial la resolución de problemas jurídicos, sin desmedro de que unas desarrollen funciones de las otras de manera excepcional con fundamento en el principio de colaboración armónica. En cuanto al poder ejecutivo, se acogió un sistema presidencialista de elección popular, mientras que el poder legislativo se conforma por congresistas elegidos popularmente en dos cámaras que representan tanto a la nación como a los territorios y, por último, se dispuso una rama judicial autónoma e independiente cuyos jueces y magistrados se eligen por mérito.

En Colombia, el poder ejecutivo ha sido dotado de mayores facultades a diferencia del legislativo y el judicial. Así pues, en virtud de los artículos 115 y 189 constitucionales, el Presidente, como Jefe de Estado, de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa, tiene por funciones las de dirigir la administración pública, las relaciones internacionales, la economía y la fuerza pública, entre otras. Lo anterior permite aclarar que la elección del Primer Mandatario es básica para determinar el futuro de un país, pues tal cargo encabeza gran parte de las funciones necesarias para hacer efectivos los derechos de los colombianos.

Desde el punto de vista histórico, la Presidencia en Colombia ha sido ocupada en la mayoría de los casos por tendencias políticas que también son prevalentes en el Congreso, al punto que figuras como la moción de censura -por la cual el Congreso puede remover ministros del Presidente por una mala gestión- han sido prácticamente inocuas. Lo anterior permite concluir que, en la praxis, el ideal de división de poderes en Colombia se ha reducido a una rama judicial autónoma y a un poder político prevalente en el legislativo y el ejecutivo.

Ahora, en un contexto en el cual se han consolidado dos proyectos políticos antagónicos como lo son el Uribismo y el Petrismo, quienes se disputan la presidencia en Colombia, es necesario preguntarse cuál se compagina con el modelo propio de un Estado Social de Derecho como lo es el colombiano y permitirá la realización de los derechos de los administrados como fin esencial y base legitimadora de nuestro ordenamiento jurídico.

De un lado, el Uribismo, que representa la derecha colombiana, encuentra en el Estado un gran apoyo en el legislativo y si bien tiene límite en la rama judicial, busca reformar las Cortes para que ello no sea así.

En el Congreso, para la próxima legislatura, el uribismo cuenta con 16 senadores y 35 representantes a la Cámara. A ello se suma que los partidos Cambio Radical, Mira, Conservador y Liberal ya han manifestado su adhesión a ese proyecto político, lo cual le suma a éste 48 curules en el senado y 88 curules en la Cámara de Representantes. De lo anterior es claro que el uribismo tendría vía libre en el Congreso -al igual que casi todos los gobiernos del pasado en Colombia- para hacer las reformas que estime convenientes con pocos o nulos límites.

Frente a la rama judicial, cabe señalar que, si bien las Cortes serían un límite al ejercicio desmedido  de las funciones presidenciales por el uribismo, éstos han propuesto una reforma constitucional para acabar con las Altas Cortes -que actualmente han investigado y condenado a decenas de uribistas por desarrollar las funciones que han tenido fuera de la ley- e instaurar un único Tribunal donde los Magistrados puedan ser elegidos directamente por el ejecutivo -que en este caso sería Iván Duque- cuando éstos no se ponen de acuerdo en pocos meses para elegir a sus comunes, y en donde en cualquier caso, el Fiscal también sea elegido directamente por el Presidente. De esa propuesta se colige que, así como en el legislativo, en el poder judicial, el uribismo no tendría ningún límite para el ejercicio de las funciones en la Presidencia.

Lo anterior pone en evidencia que la llegada al poder del uribismo implicaría el fin de la división de poderes en Colombia y un único poder manejado por el ejecutivo, al punto que contaría con las mayorías necesarias para aprobar todos los proyectos que desee y la ausencia de control del juez del Estado que por la elección directa que se propone, acabaría con la independencia judicial que salvó al país de propuestas inconstitucionales como la reelección indefinida presentada por Uribe que en otros países ha perpetuado a tiranos como Nicolás Maduro.

De otro lado, el Petrismo, que representa a parte de la izquierda colombiana, encontraría límites tanto en el poder legislativo como en el judicial, aspectos que impedirían un ejercicio desmedido de las funciones del presidente.

En el Congreso, para la próxima legislatura, el Petrismo únicamente cuenta con 4 curules en el senado y 2 en la Cámara de Representantes. Si se sostuviera que el Partido Verde y el Polo son afines a ese proyecto político -aunque en la práctica se ha demostrado que no es así-, se podrían sumar 15 curules en el senado y 11 en la Cámara de Representantes. Lo anterior pone en evidencia que el Petrismo no cuenta con los números suficientes para materializar propuestas absurdas y por ende encontraría un límite al ejercicio de sus funciones.

En cuanto a la rama judicial, cabe señalar que de las propuestas de la denominada “Colombia Humana” nunca se ha encontrado alguna referida a unificar las Cortes o a cambiar la forma en que hoy se eligen los jueces y magistrados. En cualquier caso, si su pretensión fuera esa, tal propuesta se vería truncada por la poca posibilidad de que un Congreso con mayoría opositora a ese proyecto político les apruebe una reforma constitucional de ese tipo.

En suma, el Petrismo, de ganar las elecciones presidenciales, se vería impedido para desarrollar aspectos que perjudicaran los mandatos de nuestra Carta Política, verbi gratia transgresiones a la propiedad privada.

Como aspecto relevante a tener en cuenta, cabe recordar que los regímenes autoritarios en la historia del mundo no se han reducido a la izquierda o a la derecha sino a la ausencia de límites como consecuencia de contrapesos políticos. Un gran ejemplo es el de Pinochet, o el de Maduro, tiranos que sin importar si eran de derecha o izquierda, acabaron con la oposición de sus decisiones desmedidas a través de reformas que eliminaron la autonomía judicial y la posibilidad de un Congreso diverso.

Entonces, pese a que nunca me he sentido representado por el proyecto que encarna Gustavo Petro, las razones anteriores me bastan para elegir, en un contexto en el cual hay dos plataformas antagónicas, la que asegura la continuidad de la Carta Política de 1991 y la cual tiene límites para desarrollar su plan de gobierno que se resumen en una autonomía judicial vigorosa y en un legislativo oponente. Por las razones señaladas, sin ser petrista, votaré por Gustavo Petro en la segunda vuelta, confiando que tal decisión garantizará la continuidad y profundización del Estado Social de Derecho en Colombia.

David Chala

Twitter: @DavidChala

Estudiante de Derecho - Universidad Nacional de Colombia

Mi voto en el plebiscito

Tuve la fortuna de nacer en el centro administrativo y financiero del país, lejos del conflicto armado y de las masacres que se cometían para el momento en que ya tenía la facultad de recordar. A pesar de dicha vida fácil, siempre fui curioso y me gustaba saber qué había fuera de mi casa y de mi ciudad. Por ello siempre me gustaba ver las noticias y gracias a ello pude percibir durante mi niñez sucesos como los asesinatos de Jaime Garzón y Consuelo Araujo Rentería, el atentado del Nogal, la Masacre de Bojayá y el secuestro de militares y civiles como Ingrid Betancourt.

Los sucesos que iban consolidando la guerra me generaban curiosidad sobre las circunstancias que dieron génesis al conflicto armado en Colombia y sobre los motivos por los cuales en pleno siglo XXI persistía algo que parecía ser anacrónico y desgastante. Así las cosas, empecé a ir más allá, y tras el auge del internet en las casas de familias de clase media modesta como la mía, empecé a indagar más y más, para concluir que los motivos que habían originado el conflicto perduraban y se concretaban en problemas como la distribución de la tierra, la falta de participación política y apertura democrática, la polarización y violencia como salida general a los problemas, la falta de confianza institucional y de presencia de Estado en el territorio, la desigualdad económica, etcétera. Poder dar respuestas a mis preguntas al respecto me costó casi una década, en la cual quise construir mi propio criterio, sin injerencias de la izquierda y la derecha que tanto permean de ideas a los jóvenes que apenas dan pasos tímidos en el mundo de lo político.

De manera paralela a mis indagaciones sobre el conflicto en Colombia, me interesé por otros contextos bélicos y por otras culturas, al tener un padre con bastante afinidad al judaísmo y al Estado de Israel y al tener un gusto particular por la cultura del Medio Oriente, que tanto le ha aportado al conocimiento y que hoy se ve relegada por las hostilidades de la que es víctima. En consecuencia, de mi curiosidad logré extraer que difícilmente un conflicto podía terminar con más conflicto, es decir, por medio del recrudecimiento de la guerra. Dicha conclusión me causó un sinsabor ya que, si bien para ese entonces el Gobierno Nacional parecía ganar la guerra, persistían las causas que yo había extraído como originarias del conflicto y además la insurgencia alzada en armas en el monte, si bien estaba debilitada, no parecía estar derrotada.

Tiempo después de mis curiosidades y miedos, el Gobierno de Juan Manuel Santos decidió establecer negociaciones con la guerrilla insurgente de las FARC, con la finalidad de dar por terminado un conflicto que se ha llevado a más de 220.000 compatriotas y que ha dificultado toda opción de desarrollo económico, territorial y de derechos. Así las cosas, con alegría concluí que los hechos me dieron la razón, ya que no es posible darle fin a un conflicto si no se erradican de fondo las circunstancias que dieron origen a dicha situación. Hubieran pasado 50 años más y seguramente sucedería lo mismo que ha sucedido con Israel y Palestina, guerra y más guerra.

Así las cosas, he estado siguiendo de manera detenida los últimos cuatro años, de manera concurrente con mi proceso de aprendizaje del Derecho, los diálogos en La Habana y los puntos acordados. No puedo negar que me molestan algunas cosas establecidas u omitidas en dicho espacio, tales como la falta de claridad sobre la reparación económica que deberían facilitar las FARC para con las víctimas, teniendo en cuenta que muchos de los guerrilleros serán indultados o amnistiados por narcotráfico como delito conexo y al ser utilizadas dichas utilidades para financiar el conflicto, resulta contradictorio aceptar esa situación y a la vez negar la existencia de esos recursos. En el mismo sentido, me genera sinsabor que a las FARC como partido político se les vaya a dar el 20% del financiamiento destinado para todos los movimientos políticos, cuando a sectores que han sido históricamente democráticos les ha costado mucho tener derecho a parte de ese dinero.

A pesar de lo que he mencionado, tras una lectura juiciosa de los acuerdos de paz, he concluido que no obstante las desventajas que menciono, son muchos más los beneficios que traerán, entre los cuales cabe destacar una distribución más justa de la tierra, una apertura democrática que facilite tanto la constitución de nuevos partidos políticos como el ejercicio democrático de la oposición, una verdadera dejación de armas a cargo de la ONU, un sistema de justicia transicional restaurativa que le permitirá a las víctimas conocer la verdad sobre determinados sucesos y acceder a reparación, un sistema de políticas públicas y de salud para que a partir de incentivos se erradique tanto el cultivo como el consumo de drogas y un sistema efectivo de seguimiento a los acuerdos en aras de su cumplimiento.

Luego del análisis de costo-beneficio que terminé haciendo con los acuerdos de La Habana, resolví dos cosas. En primer lugar, los textos acordados entre el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia – FARC buscan darle solución a esos motivos que extraje años atrás sobre el origen del conflicto armado. En segundo lugar, que, si bien hay cosas que me disgustan como las que ya expuse, son más las ventajas que podían darse si los acuerdos son implementados.

Finalmente, tras años de observación de la guerra que ha demacrado el país del que soy originario, veo con buenos ojos la posibilidad de que se termine el conflicto de la manera más integral posible, y es por ello que he decidido votar SÍ al plebiscito, porque además de todo lo dicho, no es justo que un afortunado citadino como yo tenga que condenar a jóvenes de mi edad que no han podido acceder a los derechos que he disfrutado a que peleen una guerra que ni yo estoy dispuesto a dirigir pero que tampoco tiene ningún sentido, teniendo en cuenta que luego de cinco décadas de muertos las circunstancias originarias del conflicto persisten sin que las bombas y los pueblos reducidos a ruinas hayan cambiado ese contexto. Hoy, como el niño de cinco años que veía con nostalgia y temor en los medios de comunicación los asesinatos de Jaime Garzón y Consuelo Araujo, espero con ansias, en frente de mi televisor, la firma que le ponga punto final a este trágico episodio de la historia de Colombia.

David Chala.

Estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia.

La tutela del derecho a la honra y buen nombre frente a la libertad de expresión

La pretensión de la acción de tutela interpuesta por la directora del ICBF contra el periodista Gonzalo Guillén resulta desproporcional e inconstitucional. 

Las tensiones entre la honra/buen nombre y libertad de expresión en Colombia no son nuevas. Hace algunos años un grupo de religiosos interpuso una acción de tutela contra un programa radial juvenil por considerarlo inmoral y ofensivo de la fe cristiana. Del mismo modo, hace unos meses la pastora del Movimiento Mira Maria Luisa Piraquive interpuso una acción de amparo contra el medio KienyKe alegando la transgresión de su honra y buen nombre por una publicación con información de sus movimientos económicos privados. Asimismo, hace un par de días, la directora del ICBF interpuso el mismo recurso contra el periodista Gonzálo Guillén solicitando que sea cerrada su cuenta de Twitter por la publicación de presuntas injurias en su contra. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional frente a casos similares? ¿Prima el buen nombre o la libertad de expresión? 

Entre la rica providencia de la Corte Constitucional en la materia, son destacables dos sentencias que matizan y delimitan el alcance de los derechos bajo examen: la C-489/02 y la T-040/13.

La sentencia C-489/02, establece que el buen nombre tiene como finalidad garantizar que los individuos no sufran expresiones ofensivas, injuriosas, informaciones falsas o tendenciosas. Posteriormente enuncia el derecho a la honra, con el cual se busca garantizar un trato deferente entre los sujetos.

Por otro lado, la sentencia T-040/13, entiende la libertad de expresión como un principio del ejercicio de la democracia que implica la posibilidad de expresar distintas opiniones y de manifestar pensamientos minoritarios sin miedo a ser reprimido por poderes estatales. También expresa que los medios deben emitir información veraz e imparcial –que implica la exclusión de rumores y malas intenciones-. Del mismo modo, resalta el deber de los medios de respetar la presunción de inocencia en materia penal. Finalmente, establece que el afectado por informaciones falsas, erróneas, inexactas o incompletas que lesionen su honra o buen nombre, tiene derecho a la rectificación en condiciones de equidad.

En pocas palabras, la Corte Constitucional ha manifestado que la libertad de expresión es un derecho constitucional que busca garantizar la libre difusión de ideas sin censura alguna siempre que no afecten la honra y buen nombre de un tercero por medio de actitudes injuriosas u ofensivas, en cuyo caso procederá la debida rectificación de la información en condiciones de equidad. Corolario a lo anterior, el hecho de que un medio publique algo sobre una persona, siempre que sea veraz e imparcial, no vulnera los derechos de la persona objeto de la información, ya que estos conceptos implican un trato deferente y conforme a la verdad. En conclusión, dependiendo de la situación, la libertad de expresión puede estar limitada por la honra y buen nombre, pero también, de acuerdo a los hechos, la honra y el buen nombre pueden estar limitados por la libertad de expresión. 

De acuerdo a lo anterior, y haciendo un breve análisis de las pretensiones de la tutela Plazas-Guillén, cabe decir que en caso de que el periodista haya hecho afirmaciones injuriosas, ofensivas o falsas de la señora Plazas, ella tendrá el derecho a exigir que se rectifique la información "en condiciones de equidad" -lo que implica proporcionalidad entre la transgresión del derecho y la rectificación-, más no podrá solicitar que se cierre el medio donde se difundió la información errónea, lo cual resultaría desproporcionado, inconstitucional y contrario a la libertad de expresión, desarrollada en la jurisprudencia resumida. 

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David Chala

Universidad Nacional de Colombia
@DavidChala / Twitter. 

¡Esa tal Cancillería NO EXISTE!

Mientras el Ministerio de Relaciones Exteriores nombra figuras públicas sin experiencia consular como embajadores, abre centros lúdicos para los jóvenes víctimas del conflicto (Acto que no le compete) y despilfarra presupuesto; Los límites de la nación peligran y la diplomacia del país se deteriora.

En los últimos diez años, las Relaciones Internacionales de Colombia se han visto ofuscadas por diversos tropiezos diplomáticos, destacando las crisis continuas con Ecuador en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, los diferendos territoriales con Venezuela a la altura del golfo de Maracaibo y el diferendo limítrofe entre Nicaragua y Colombia; siendo el último caso el más polémico y conocido por la comunidad colombiana, donde el país sandinista demandó a Colombia exigiendo la totalidad del Archipiélago de San Andrés y Providencia, sus cayos adyacentes y su Mar Territorial. En el 2007, la Corte Internacional de la Haya ratificó la soberanía colombiana del territorio insular; pero en el 2012 falló a favor de Nicaragua otorgándole aproximadamente 90.000 kms² de plataforma marítima. Si bien la frustración por lo acontecido es alta, gran parte de la sociedad (por no decir la mayoría), ignora las falencias de la estrategia diplomática utilizada en el diferendo y nunca se ha preocupado por profundizar en la labor de la cancillería en los asuntos internacionales Colombianos. 

Según la ley 489 de 1998 y el decreto 3355 de 2009, entre las funciones del ministerio de relaciones exteriores se destaca la atención a las necesidades e intereses del país con los demás Estados y Organismos Internacionales, la ejecución de los diversos proyectos (CORRESPONDIENTES A SU SECTOR) y la atención diplomática de los colombianos en el exterior, entre otros. En ese sentido, vale la pena preguntarse por qué la Cancillería de la República ha invertido 680 millones de pesos en casas lúdicas en zonas del Chocó y de Córdoba cuando su función debe corresponder a su sector (las Relaciones Exteriores) y no a problemas internos cuya solución debería estar en manos de otras entidades.

Entretanto, para muchos internacionalistas, juristas, politólogos y economistas (entre otros), la carrera diplomática se ha convertido en un atractivo profesional en el cual el Estado Colombiano brinda la posibilidad de un periodo de formación para iniciar la carrera consular con el Estado. Internamente, el régimen especial está jerarquizado para sus funcionarios de la siguiente manera: tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, consejero, ministro consejero, ministro plenipotenciario y embajador (siendo el tercer secretario el menor rango y el embajador el de mayor). Entre más alto es el rango, más alta es la remuneración salarial. Lo curioso del asunto, es que la asignación de embajadores no siempre está en manos de la cancillería: Son el Presidente, algunos 'Honorables' Congresistas y los burócratas del país quienes designan como representantes en el exterior a personas sin experiencia consular y sin carrera diplomática (libre nombramiento), reduciendo los espacios laborales de quienes se han formado con el ministerio y han ascendido con dedicación, lo que también ha producido un sobrecosto al tener que ser desembolsado el mismo salario a los consulares con rango de embajador que no ejercen como embajadores y a los embajadores sin experiencia previa. Para concluir, cabe destacar las muchas inconsistencias con los procesos de manejo de recursos desde mucho antes del 2011 donde se encontraron contratos sin licitación e irregularidades. 

Evidentemente la crisis diplomática del país trasciende del problema con Nicaragua, la nación de la chicha, el vallenato y la diversidad padece el oportunismo político de unos pocos, quienes ocupan y reparten cargos  en el exterior para escapar de la justicia colombiana; manipulan los recursos designados para fines personales y se olvidan de la necesidad de óptimos procesos internacionales por su ambición y autocracia. Por otro lado, los medios han ignorado, ignoran e ignorarán las inconsistencias descritas al ocultar la realidad de todo un país, idiotizando al ciudadano del común y haciéndole olvidar la perdida de territorio, de recursos y de soberanía por medio de realities, partidos de fútbol o telenovelas importadas de países asiáticos. Seguiremos perdiendo mares, golfos, cayos y recursos mientras estos hechos sean permitidos por los gobernantes y por los colombianos en primera instancia. 

"Cada pueblo elige su destino y obtiene lo que se merece".

Para la retroalimentación: 

*cancillería interviene en oficinas de DD.HH

http://m.eltiempo.com/opinion/columnistas/lauragil/contra-la-onu/10603404

*Acciones del Gobierno tras el fallo de la Corte de La Haya

http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/acciones-gobierno-tras-fallo-corte-haya

*Continua la incertidumbre después del fallo de La Haya

http://lasillavacia.com/content/fallo-de-la-haya-round-2-45185

¿Colombianos?

La indignación nos agobia pero los hechos se limitan a ser utopía, la ayuda al prójimo se acaba cuando nuestra mirada no logra captar más allá del horizonte,  vivimos quejándonos pero nuestras manos nunca se ven tendidas hacia el otro ni mucho menos por nosotros, nos dicen colombianos pero solo vivimos la palabra en días cívicos, partidos y cuando nos toca pasar el pasaporte en migración.

Somos un país sin memoria pero con riquezas; con sonrisas pero con guerras que desangran; con inocencia que es carcomida por miserables familias acaudaladas adheridas al poder y con analfabetismo de eso que llaman ‘cultura política’ y ‘conciencia social’.

Del veinte de julio poco queda, nos hemos limitado a izar una bandera cuyos colores se han desvanecido, recordamos una independencia que murió hace lustros pero olvidamos los problemas que ya parecen innatos: tierras vendidas y minas cedidas por los victoriosos de la democracia, esa que se forja comprando votos con lechona y/o promesas, entre otras falencias.

Deberíamos tener doctorado en olvido, indiferencia y negligencia. Mientras los desfiles militares topan las calles de las ciudades, los campesinos mueren de hambre y el circo alimenta nuestra cabeza. El bien ha dejado de germinar del surco de dolores pero la humanidad entera gime entre cadenas por apatía y desinterés.

¿Colombia? Por supuesto, ‘tierra de Colon…’, de colonizadores que como siempre, han buscado saquear y destrozar la abundancia cuasi-infinita que nos rodea.

Mientras el amarillo de nuestras riquezas es anexado a las banderas de las potencias, el azul de nuestros mares es despojado por otros países, y el rojo de nuestros mártires se sumerge en los rincones más recónditos del Alzheimer voluntario que nos abruma.

Si estamos condenados entonces somos nuestros propios dioses, si estamos sumidos en la absoluta miseria somos nuestros patrones, si nos limitamos a ser colombianos, dos, tres o diez días al año, entonces somos civiles con nacionalidad pero solo en la cédula. Feliz día del grito de independencia que se quedó en revuelta. 

¿Qué debe ser la paz para un Colombiano?

Para el colombiano del común, la paz se limita a ser el fin del conflicto armado y empieza cuando se 'abate' al guerrillero. ¿En realidad son las armas la salida a un conflicto que trasciende de las balas?

Es fácil afirmar que el conflicto va a finalizar suprimiendo a uno de los actores de éste. Pero lo que el ciudadano del común no logra visibilizar, es que el origen del problema radica en falencias estructurales que perduran hasta la actualidad.

Para muchos, es cotidiano ver camiones de las Fuerzas Armadas reclutando así como hace parte del paisaje esperar por horas la atención médica o endeudarse en entidades bancarias para poder cursar un pregrado. Deberíamos saber que la educación y la salud son  Derechos Universales y que las batidas privan de manera forzosa la libertad de los individuos, lo que desde el Derecho Internacional Humanitario es inconcebible e inhumano.  Somos indiferentes a un conflicto que nos agobia.

Uno de los problemas más importantes a la hora de inferir sobre el conflicto armado en Colombia es que no se procura analizarlo desde su raíz. Muchos de los partidarios de la no continuidad de los diálogos de paz no tienen idea del origen de las FARC–EP o del ELN, desconocen el génesis de las insuficiencias en educación, salud, garantías al campesinado, desigualdad de distribución de la tierra y corrupción, entre las muchas cosas que dieron apertura al conflicto. 

Es completamente erróneo limitar el conflicto a las balas cuando en las urbes, los pueblos y las veredas se tiene cada vez menos acceso a la salud, la educación y a los recursos; cuando se vive la pobreza extrema, cuando se es víctima de las batidas militares, las minas antipersonas y la corrupción. Es imprescindible analizar la historia del país para poder entender los fenómenos políticos, sociales y bélicos de los cuales somos participes. La finalidad de los acuerdos de paz no debe limitarse a ser  el cese al fuego, se necesita dar solución a los problemas que llevó a cierta parte de la población a tomar las armas. La educación, la salud, los Derechos Humanos, la estructura del poder y la tierra necesitan el interés de los actores del conflicto y de cada uno de los ciudadanos del país en pro de la solución a las dificultades en las que todos nos vemos sumidos y que dieron origen a la violencia en Colombia.

@DavidChala en twitter.

Del futuro de Irán y otros retos

Inflación, desigualdad social y replanteamiento de las relaciones diplomáticas son algunos de los cientos de retos que enfrenta la nación islamista

En un contexto de aislamiento económico a causa de las disparidades políticas con los países del primer mundo, la crisis nuclear y el desprestigio de la nación a nivel mundial; el país islámico se enfrentó ayer a las elecciones presidenciales, siendo participe de los sufragios con mayor participación en su historia. ¿Qué retos le deparan al nuevo mandatario?

Ayer, viernes 14 de junio del 2013, concluyeron las votaciones para presidente y concejales en Irán, las cuales estuvieron enmarcadas en un proceso de amplia participación, por lo que se tuvo que prolongar el tiempo de votación y en las que se dio una “tensa calma” al haber una aparente neutralidad política por parte del líder supremo Alí Jamenei y candidatos con tendencias políticas poco radicales. Después de un extenso proceso selectivo en el que se presentaron más de 680 civiles para la candidatura a la presidencia, el consejo de guardianes opto por elegir a tan solo 8: Ali Akbar Velayatí, antiguo ministro de asuntos exteriores; Mohammad-Bagher Ghalibaf, alcalde de Teherán; Hassan Rouhaní, reformista y Said Jalilí, jefe de negociaciones nucleares y uno de los favoritos.

Aunque la nación asiática ha crecido económicamente desde la Revolución Islámica en 1979, las sanciones internacionales --como consecuencia de sus políticas nucleares-- la han sumido en un aislamiento protagonizado y dirigido por los Estados Unidos, sumando a esto los diferendos entre países vecinos producto del apoyo que se ha brindado al régimen Sirio y a gobiernos de izquierda como los de Venezuela, Corea del Norte y Cuba; lo cual ha producido altas tazas de inflación debido a la escasez de materias primas y a la disminución notoria de las relaciones comerciales internacionales. La fuga de cerebros --como consecuencia del desempleo y la carencia de salarios acordes al nivel de estudio-- también se han sumado a las dificultades del país. En cuanto a Derechos Humanos, se visibiliza un alto nivel de desigualdad social, donde la mujer, los LGBTI y las minorías han sido excluidos, juzgados y sometidos a cárcel, torturas y pena de muerte en los casos más extremos por su condición. El sistema judicial es radical, conservador y a hoy,  no existen garantías reales de participación política y de libertad de expresión.

En el marco de las problemáticas descritas, los iraníes buscan a un hombre que redirija la nación hacia una inclusión a las minorías, esas que se abstuvieron en las votaciones del 2005, y que estuvieron en desacuerdo con la reelección de Ahmadinejad, así como también esperan que el nuevo mandatario impulse nuevas políticas que no afecten las relaciones internacionales del país en pro de una solución diplomática ante las arbitrarias sanciones impuestas por organismos asociados a los Estados Unidos. Aunque la política internacional del país se ha visto devastada, los ciudadanos del país asiático optan principalmente por la solución a los errores de la administración de las políticas economicas, las cuales asignan ineficientemente los recursos de la nación, siendo la población de bajos recursos la más afectada.

Son muchos los retos, sin menospreciar la evidente mejoría interna de la nación, que ha producido crecimiento urbano y mejoras en educación, salud e infraestructura estatal. Los resultados de los comicios siguen siendo una incógnita para los iraníes y para el mundo, quienes esperamos con esperanza la llegada de un mandatario que sin ceder a la presión internacional, dé solución a las falencias que agobian al país árabe. 

@DavidChala en twitter.